APORTE SOLIDARIO:UNA VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y UN FACTOR PROPAGADOR DE POBREZA

Buenos Aires, 8 de enero de 2021


Gustavo Durini – Abogado especialista en derecho tributario

Nuestros legisladores consideran que la presión fiscal en la Argentina no tiene ningún impacto en la inversión y, que por el contrario, la promueve. En base a esa creencia falaz e instrumentado por el Estado nacional a través de la Ley 27.605 (que entró en vigencia el 18/12/2020), crearon un “Aporte Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia”, conocido como el “Impuesto a la riqueza”, “con carácter de emergencia y por única vez”. El Aporte alcanza a las personas físicas -y sucesiones indivisas- con bienes por un valor superior a $200.000.000, con alícuotas que oscilan entre el 2% y el 3,5% por los bienes ubicados en el país y, entre el 3% al 5,25% si se sitúan en el exterior. La ley exceptúa de aplicar la alícuota diferencial a quienes repatrien al menos el 30% del valor de sus tenencias y divisas en el exterior, siempre que permanezcan depositadas en una cuenta abierta a nombre del titular en una entidad bancaria hasta el 31/12/21.
Mediante construcciones infantiles e irrisorias, nuestros congresistas justificaron la creación del Aporte. El senador Recalde lo hizo a través de una “verificación empírica” personal, justificando que es “un impuesto extraordinario por única vez, que no afectará el nivel de inversiones, por cuanto no recae sobre las empresas, que son las que invierten, sino sobre personas”. Siguiendo la idea de Recalde, la senadora Fernández Sagasti también advirtió “sabiamente” que el Aporte “no lo van a pagar las grandes empresas, ni las medianas, ni las pequeñas”. Independientemente del carácter empírico, es una obviedad que detrás de toda empresa hay una o varias personas físicas que toman la decisión de invertir. La inteligencia artificial no alcanzó a reemplazar al ser humano en los directorios y gerencias hasta el punto de su extinción. Por lo menos, no aún.
También nuestros legisladores defendieron el Aporte en base a “la baja presión fiscal de la Argentina en relación con los demás países de la OCDE y de la región”, y “la escasa presión fiscal argentina sobre los patrimonios”. Particularmente, la senadora Fernández Sagasti dijo que “la suba de impuestos provoca un incremento en los niveles de inversión principalmente pública, de trabajo y consumo”, y afirmó que “el nivel de impuestos influye solo marginalmente en las inversiones”.
La convicción de nuestro Congreso es ingenua, y no soporta juicio de racionalidad alguno ni los datos que arroja la propia realidad. La absurda creencia de que no existe una relación entre el incremento de la carga fiscal y la caída del nivel de inversiones del sector privado es infantil. Máxime cuando la inversión pública es marginal. De 1980 a 2014, la inversión privada se mantuvo constante entre el 10% y 20% del PBI, mientras que la pública nunca superó el 4% del PBI. Si se analizan los números y gráficos de la “Formación Bruta de Capital de Trabajo” de 1980 a 2014, los años 1980, 1981, 1996 a 1999, y 2010 y 2011 fueron los mejores medidos sobre la recepción de inversiones en la Argentina, y en el año 2012 se inicia su desplome, que según los datos CEPAL e INDEC, aún continúa [1].
Lo cierto es que la realidad demuestra que, a mayor presión fiscal, cae la inversión privada. Desde el 2008 a la fecha el índice de inversión no ha detenido su caída, y la única excepción fue en los períodos 2010 a 2011, casualmente impulsado gracias al blanqueo (beneficio fiscal) de la Ley 26.479.
A nivel mundial, el sector productivo argentino soporta una enorme carga fiscal. La carga fiscal a la producción es del 106% para las empresas argentinas, mientras que es del 49,1% para las británicas, 49,1% para las suecas, 64,9% para las chinas, 57,7% para las belgas, etc. Los números son elocuentes y muestran que la carga fiscal argentina es una de las más altas del mundo, o al menos, marca tendencia.
A lo anterior se suman las picardías criollas como no reconocer el efecto inflacionario sobre los impuestos, los regímenes de retención que perfeccionan exacciones ilegales, los exagerados reclamos a los agentes de recaudación de tributos sobre operaciones no alcanzadas por el gravamen, la demora en el reintegro de IVA de exportaciones, la inclusión en los padrones de riesgo fiscal por errores insignificantes, las exorbitantes multas por supuestas defraudaciones que, en los hechos, son atrasos en el pago por falta de fondos en tiempos de emergencia, e insólitos ajustes fiscales sin ningún sustento.
En lo que hace al Aporte en sí mismo en su gravamen al patrimonio, lo cierto es que son muy pocos los países que lo hacen, y en una menor medida. Por ejemplo, Bélgica grava las cuentas de valores de más de €500.000 con una alícuota del 0,15%; Noruega, al 0,7%; Suiza al 0,1%-0,5%; España somete a los que posean bienes por encima de €700.000 -deducidas las deudas y gastos- a la alícuota del 0,2%; Colombia y Uruguay al 1%, etc. En cambio, los impuestos al patrimonio en Argentina (incluido el Aporte) se encuentran gravados a una alícuota progresiva del 0,5% al 7,5%, resultando nuestro país aquél con mayor presión fiscal sobre los bienes de propiedad. Concretamente con la creación del Aporte, Argentina tiene los tributos patrimoniales más elevados del mundo, con alícuotas que alcanzan en su conjunto al 8-9%, esto es, un 1200% por encima del tributo análogo exigido por Noruega que se coloca en segundo lugar, pero, con una tasa de Impuesto a la Renta del 22% a personas físicas y 18,5% de Impuesto Corporaciones.
Demás está decir que el Aporte no es una creación genial de nuestros congresistas. Numerosos países lo establecieron en la historia: Alemania, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña, pero pocos lo mantuvieron en el tiempo por sus nocivos efectos al desalentar la inversión, provocar la fuga de capitales y no generar una mejor distribución de la riqueza (Francia e incluso hoy Noruega).
Ahora bien, el Congreso convirtió en ley la creación del Aporte so pretexto de la emergencia provocada por la pandemia, cuando el destino que se le dará a los fondos recaudados no parece atender la emergencia. Entonces ¿prevé la ley una aplicación difusa de los fondos recaudados por el Aporte?
Según surge de la ley, los fondos se destinarán en un 20% a la compra, elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria del COVID. Y el 80% restante, a la financiación de una empresa en parte privada, de obras sociales mal administradas, sin control, exentas y que manejan el 3% del PBI (en 2020 recibieron $338.078 millones del Estado), de becas progresar y subsidios a PYMES.
Destacamos que en el caso particular de las becas Progresar, un 20% de la recaudación proyectada del Aporte ($60.000.000.000) alcanzaría para que el Ministerio de Educación financie 26 millones de becas. Sin embargo, en 2020 se previó beneficiar a 500.000 personas con un presupuesto de $10.900.000, y para 2021, se proyectó beneficiar a 1.000.000. Ello despeja toda duda respecto del destino de los fondos en lo que hace a las becas Progresar.
A IEASA se le asignará el 25% de la recaudación del Aporte para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, con YPF S.A. Los resultados deberán ser reinvertidos por IEASA en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a 10 años. Lo cierto es que los fondos recaudados facilitarán que el Estado Nacional a través de una empresa estatal (IEASA) adquiera acciones en una sociedad mayoritariamente estatal (YPF, con un 51% de su capital perteneciente al Estado y un 49% a accionistas privados), y pueda girar el resultado de las utilidades generadas al exterior para pagarles los dividendos a los titulares de sus acciones.
Se advierte así que la recaudación del Aporte excede ampliamente la emergencia, y la necesidad real de recursos del Estado Nacional para afrontarla.
Entonces corresponde repreguntarnos, ¿cuál es el fin de la ley y qué objetivo se pretende con la recaudación del Aporte?
La respuesta es evidente: los bienes de los argentinos en el exterior, en especial, los dólares. Y la motivación fue clara en el debate de la ley 27.541, donde se discutió la suba de alícuotas del impuesto sobre los bienes personales a finales de 2019, donde al igual que en el caso del Aporte, se fijaron alícuotas diferenciales en relación a los bienes ubicados en el exterior, y su neutralización si se repatriaren esos bienes.
A ese respecto, el senador Parrilli acotó “…en la Argentina faltan dólares…” y “…yo creo que no nos faltan dólares. Lo que nos pasa, en realidad, es que los dólares de los argentinos están afuera. Un informe público de la AFIP al 2017 dice que hay 37.000 residentes argentinos que tienen un total de 72.000 millones de dólares en fondos especulativos…”. Y fantaseó que si esos bienes en el exterior vinieran a la Argentina “…nos solucionaría los problemas de dólares. Entonces, a ellos les estamos poniendo un impuesto, que se puede elevar al 2,50 y que va a significar, aproximadamente, una recaudación para el Estado de casi…” (versión taquigráfica de la sesión extraordinaria del senado 20 y 21/12/19, página 65).
En otras palabras, la suba de alícuotas del impuesto sobre los bienes personales de la ley 27.541 fue el puntapié de una clara política fiscal, afianzada con el Aporte de la ley 27.605, de someter a los residentes locales a repatriar sus bienes en el exterior y ponerlos a disposición del Estado Nacional. Lo anterior se evidencia por el hecho de que los fondos repatriados en el caso del Aporte deben quedar depositados en una cuenta bancaria en pesos por un año con el destino que indique y no serán destinados a las finalidades afirmadas. En contrapartida, dejará una economía colapsada.
Nos encontramos pues ante una política fiscal donde el Estado Nacional se apropia de los ahorros y el capital de trabajo, con un innegable impacto devastador sobre la inversión, con origen en la ley 27.541, y su hasta ahora segunda parte en la ley 27.605.
El Aporte vulnera las más variadas garantías y derechos constitucionales de los sujetos obligados a su pago. Y como las leyes 27541 y 27605 no serán seguramente las últimas en pretender hacerse del patrimonio, quienes se encuentren obligados a su pago deberán impugnarlo con fundamentos sólidos. Esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias.

 

Este escrito es promovido por los profesionales que integran la comisión Legales del Partido Libertario.

Si coincidís con el, no lo dudes, se parte de este grupo que quiere cambiar la Argentina. SUMATE!.

© Copyright Partido Libertario CABA . Todos los derechos reservados.