Incendios Delta del Paraná y Córdoba

Nuevamente hay un impacto en la opinión pública sobre los incendios en los ecosistemas de la República Argentina. Es una historia repetida a lo largo de los años desde que comenzó la década del 2000, y otra demostración del poco interés del Estado en su conjunto de instituciones por resolver la cuestión de fondo. Solo se remite a tomar medidas de forma y desfinanciar sistemáticamente las acciones que se podrían emprender en este sentido, sin incluir en el análisis los sueldos suculentos que se pagan a funcionarios (quienes asumen responsabilidades sin antecedentes en el área) y las ineficiencias del gasto.

El manejo de los ecosistemas puede abordarse desde distintas teorías donde el rol del Estado puede tener una u otra función. Aun así, muchas personas consideran que cuidar el medioambiente es un rol “ineludible” del Estado (conforme a lo enunciado en el artículo 41 de nuestra Constitución). Bajo esta óptica, no tenemos otra herramienta más que informar a la sociedad civil que solo se encontrará con malas noticias en el pasado, presente, y de no haber reformas del Estado, muy probablemente en el futuro.

Los números hablan por sí solos. En el Presupuesto Nacional 2019 (Ley N° 27.467), vigente también para 2020, se asignó para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable $3.583.113.412, tan solo el 0.13% de la totalidad del presupuesto. De ese presupuesto se destinó únicamente el 15,9% para financiar la Ley de Bosques (Ley N°26.331), y para financiar el Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos se destinó el 0,69%.

Lo que genera más escándalo es la administración del área destinada a “manejar el fuego”. En el año 2017, bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, se transfirió esta competencia al Ministerio de Seguridad, el cual desde ese año “carece de una partida presupuestaria debidamente identificable” haciendo caso omiso a lo establecido en la Ley Nacional N° 26.815, artículo 30: “…créase el Fondo Nacional del Manejo del Fuego que será administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación…”. Para tener una noción de la magnitud de los fondos acreditados, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) indica que el programa “Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres” incluye entre sus medidas el “Desarrollo de Protocolos y Planes de accionar frente a inundaciones, erupciones de volcanes y fuego y demás contingencias”.
En 2017, se contaba con una partida de 92 millones de dólares, la cual pasó en 2018 a tener 57 millones de financiamiento. Por otra parte, FARN informa que “aún existen partidas presupuestarias vinculadas con el manejo del fuego en Ambiente”. Sin embargo, al comparar las partidas de ese ministerio con la partida “Conducción del Sistema Federal de Manejo del Fuego” se detecta una reducción del 90% en los fondos, de 15 millones de dólares en 2017 a 2 millones en 2018 (ver: http://dosambientes.net/humedal/quemas-en-las-islas-hasta-2019-nacion-desfinancio-fuertemente-el-plan-de-manejo-del-fuego/).

Para darnos una magnitud de lo que representan estos valores de asignación de recursos, solo con el impuesto “PAIS” sobre la compra de dólar ahorro, el Estado recauda aproximadamente $23 por cada dólar comprado en el mercado. Si en julio de 2020 unas 3.900.000 personas compraron sus USD$ 200, la ecuación nos da que el Estado en solo 1 mes recaudó $17.940.000.000. Nos parece más que suficiente para financiar el ejercicio anual del organismo nacional de ambiente.

Reflexionemos. En este año (2020), no hay cambios en la tendencia en cuanto a la gestión del Estado en materia ambiental, habida cuenta también de la pandemia en curso. No es posible hablar de una grieta en materia de desfinanciamiento, ya que para el Estado el medioambiente hace años que no es prioritario. Como prioridad se cubre la asistencia social, la salud y la educación pública, los servicios de la deuda, entre otros. Además, el Estado necesita dólares para funcionar. En 2020, el 70% de las divisas lo proporciona las commodities asociadas a la matriz agrícola. Las sospechas de un Estado al que le conviene una gestión del ambiente ineficiente por las limitaciones que pueda exigir a modelos de producción extractivistas están en principio justificadas.

Por último, ante los acontecimientos ocurridos en el Delta del Paraná y Córdoba, al Gobierno actual no se le ocurre mejor idea que “relanzar” el Sistema Federal de Manejo del Fuego, el cual fue sancionado por ley en 2012 (la ley ya mencionada, N° 26.815, ver: https://www.infobae.com/politica/2020/08/29/el-gobierno-modifico-la-ley-de-ministerios-martin-guzman-se-hara-cargo-de-la-energia-y-juan-cabandie-del-manejo-del-fuego/). Sobre todo, el Estado no podrá hacer nada mientras no esté dispuesto a encarar reformas de fondo que deben estar en línea con la revolución del sistema productivo actual: fomentar la creatividad del sector privado, generar empresas nuevas comprometidas con la sostenibilidad ambiental (para lo cual es una insensatez mantener el sistema impositivo y el nivel de inflación actual), propiciar el valor agregado en la cadena productiva y diversificar el aparato exportador nacional. Es imprescindible que el Estado en su carácter de garante de la Constitución Nacional (sea este el caso del art. 41 ) proporcione las herramientas legales para asegurar el bienestar y sustentabilidad de los espacios verdes y comunidades involucradas.

Este escrito es promovido por los profesionales que integran la comisión Medio Ambiente del Partido Libertario.

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