“TOMA DE TIERRAS EN GUERNICA. ANÁLISIS DEL CONFLICTO A LA LUZDEL DERECHO CONSTITUCIONAL. ALCANCES DEL DEBATE”

A casi un mes de la toma de terrenos en Guernica, con más de dos mil personas ocupantes en condiciones de precariedad, en un predio de cerca de cien hectáreas rurales corresponde efectuar un estudio sobre las implicancias del asunto. A primera vista mencionamos que el conflicto radica en una tensión entre los derechos constitucionales de propiedad y el acceso a una vivienda digna, solucionable en base a una interpretación que incluya su preámbulo, en tanto el objeto de la Constitución es la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
Existen indicios vehementes (los propios dichos de la Intendenta Blanca Cantero) que permiten sostener que la toma en cuestión no se trata de un reclamo espontáneo y que los Ministerios de Desarrollo Social y de Seguridad de la Nación no son ajenos a ellos, sino que se encuentran alineados sus intereses con los del Foro de San Pablo; Foro del que la Argentina es parte desde hace más de diez años, representada hoy por medio del partido miembro adherente “Frente de todos” con la cara visible de Alberto Fernández. En la agenda de dicho Foro este tipo de hechos responden a un plan ideológico y estratégico de producir intranquilidad y caos en la sociedad civil a fin de provocar la desestabilización de las bases de nuestro sistema republicano de gobierno, generando las condiciones para sentar nuevas bases para la instauración de otro sistema de gobierno, no previsto en nuestra Constitución Nacional. Recordemos que el cumplimiento de las leyes es fundamental para la toma de decisiones de todos los individuos. De esa manera, es evidente el riesgo moral que implica el apoyo de los ministerios citados al acto lesivo de la propiedad privada, así como las señales que emite al mercado deteriorando las condiciones de inversión en el país. En ese sentido, varios municipios comunicaron, debido al riesgo moral que implica la complacencia de los ministerios citados, que en su ámbito de competencia no hay terrenos fiscales y por otro lado aumentó exponencialmente la cantidad de empresas que se están yendo del país desde que asumió el nuevo gobierno.
Por lo cual considerando que la Corte pacífica e ininterrumpidamente ha dicho que no existen derechos absolutos sino relativos, la aplicación al caso de los derechos involucrados determina la responsabilidad de los funcionarios públicos intervinientes quienes tienen el deber de garantizar el respeto de los derechos de propiedad con el mismo celo que le hicieron llegar a los usurpadores comida, agua y logística para facilitarles la toma.
En esta materia tan delicada no podemos dejar de recordar una de las máximas que el Padre de la Patria, José de San Martín, nos dejó como legado, el “Respeto sobre la propiedad ajena”. Una de las funciones fundamentales del Estado es la de garantizar la seguridad de la Propiedad, constituyéndose este principio junto con el de libertad en las piedras angulares sobre las que se asienta la sociedad civil y, en el medio más eficaz para limitar el poder del Estado, permitiendo la proyección del sentido de independencia económica y el del valor personal de los individuos.
No es de extrañar entonces que este tipo de aventuras se llevan a cabo a costa del bolsillo de todos los contribuyentes, dado que nuestra economía actual se asemeja más a la de la república bolivariana de Venezuela que a la austera y rica Suecia.
Por último, es válido recordar que, históricamente, el derecho a la propiedad se ha erigido como el mecanismo más efectivo para asegurar las libertades civiles, al permitir trazar una línea entre lo público y lo privado, haciendo al propietario ciudadano civil cosoberano. Invitamos al lector a profundizar en el análisis del asunto, superando la idea de que se trata simplemente de una puja de derechos, ambos válidos, sino más bien, de resolver el meollo
reflexionando en el alcance de los valores republicanos comprometidos. Para este análisis tengamos también en cuenta que cualquier supuesto derecho que requiera la violación de los derechos de otro hombre, ni es ni puede ser un derecho, sino coerción y un acto violento, totalmente repudiable e inadmisible en una sociedad que desee constituirse sobre el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.
No es de sorprender entonces por qué para el Padre de la Patria el respeto hacia lo ajeno deba de ser un principio que marque la conducta de un ciudadano que desee vivir en comunidad.

 

Dr. Rodrigo Balbuena,
Especialista en Derecho Empresario T. 103 F. 901
C.P.A.C.F.

Dra. Ma. Silvia Lofeudo Zabala
Abogada
T°117 F°498 CPACF

Este escrito es promovido por los profesionales que integran la comisión Legales del Partido Libertario.

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